• 6 marzo, 2025
  • Gama Reyes
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Guanajuato, Gto.- Diputados locales de Guanajuato aprobaron reformas que, entre otras cosas, contemplan que, el gobierno estatal y los ayuntamientos, garanticen que, al menos, el 3 por ciento de su plantilla laboral esté conformada por personas con alguna discapacidad.

A través de estos cambios, a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado, la Secretaría de Derechos Humanos tendrá como atribución integrar un padrón de las organizaciones e instituciones estatales dedicadas a la habilitación o rehabilitación de personas con discapacidad.

Por su parte, la Secretaría de Educación deberá promover la utilización de la lengua de señas mexicana, el sistema de escritura braille, y otros modos, medios y formatos de comunicación.

El Poder Ejecutivo y los ayuntamientos presentarán un informe anual al Congreso del Estado en el mes de diciembre de cada año, acerca de la incorporación progresiva de personas con discapacidad en las nuevas designaciones, nombramientos o contrataciones que llevan a cabo.

También se agregan atribuciones al Ejecutivo del Estado y los municipios como el impulsar en los sectores público y social una cultura de inclusión que garantice la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad.

Además, garantizar la asistencia de intérpretes para las personas con discapacidad cuando deban acudir ante las autoridades administrativas, judiciales o de procuración de justicia del Estado.

Como autora del dictamen hizo uso de la voz la diputada Plásida Calzada Velázquez, quien indicó que en él señala la realización de un proceso legislativo teniendo en el centro la opinión de las personas con discapacidad, tras su participación a la convocatoria de consulta en la que manifestaron sus opiniones, observaciones y puntos de vista.

Agregó que las modificaciones contemplan el derecho fundamental a ser consultadas la población de personas con discapacidad, así como que se tenga el acceso pleno al empleo en igualdad de condiciones al establecer un porcentaje mínimo de contratación de este sector de la ciudadanía.

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